(Cinco Días) De la actualización de los parámetros resulta un ajuste de casi mil millones. La CNMC pide medidas que lo suavizarían un 15%
El pasado 22 de noviembre, el Consejo de Ministros en funciones aprobó un real decreto ley que establecía la nueva tasa de retribución financiera de las plantas de energías renovables, cogeneración y residuos para el nuevo periodo regulatorio que se iniciaba el 1 de enero. Con el respaldo y la abstención (en el caso del PP y Vox) de todos los grupos políticos, el Gobierno ponía fin a las consecuencias negativas de una posible prórroga de la fórmula que regía desde 2013: o se mantenía la misma tasa de rentabilidad para el nuevo periodo regulatorio, algo de dudosa legalidad, o se actualizaba la tasa con la fórmula vigente, lo que hubiera supuesto un importante tajo a la rentabilidad razonable de las instalaciones afectadas. En total, 64.000, propiedad tanto de pequeños inversores como de las grandes energéticas, amén de las plantas de cogeneración ligadas a la industria.
