809597045

(El Periódico de la Energía) La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido de que los altos precios de la electricidad se mantendrán durante «los próximos meses».
En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Ribera señaló que las previsiones de los precios del gas y de los derechos de CO2 hacen «difícil» que se pueda bajar en el corto plazo de esos 45 euros por megavatio hora (MWh) al que está vinculada la aplicación de la bajada temporal del IVA del 21% al 10% hasta final de año.
A este respecto, recordó que el Gobierno no tiene la capacidad de «incidir» en los precios del CO2 o del gas natural, y señaló que al ser el ‘pool’ un mercado marginalista, la tecnología que entra en último lugar marca el precio para todas. De esta manera, señaló que el principal problema está en la energía producida con combustibles fósiles, a pesar de que en tres años han pasado de representar un 25% del peso en la producción de electricidad a entre un 10-12% actualmente.
No obstante, mostró su preocupación por el hecho de que también la hidroeléctrica «interiorice» en algunos momentos «el coste de oportunidad de aquello que entendía que hubiera podido ser el precio del gas». La vicepresidenta cuarta, que señaló que la combinación de la minoración del dividendo del CO2 y el FNSSE podrán abaratar un 15% la factura doméstica de la luz, añadió que estas medidas deben ayudar, «a la espera de una nueva regulación sobre el diseño del mercado» eléctrico.
Así, afirmó que ya ha remitido una carta a la Comisión Europea invitándola a estudiar esa corrección del diseño del mercado europeo, «de manera que se pueda corregir o paliar estos efectos no deseados». En esta línea, puso sobre la mesa la opción de retribuir con un precio diferente a las centrales más antiguas, aunque subrayó que a día de hoy es «difícil» que se factible en el marco europeo.
Por otra parte, Ribera defendió el nuevo esquema de factura de la luz, por tramos horarios, que entró en vigor el pasado 1 de junio, y acusó de querer «generar confusión» con ello, ya que «nada tiene que ver con el incremento del precio de la electricidad».