(Cinco Días) 500 comercializadoras deben asumir la ampliaicón del bono social y financiar parte del aplazamiento de las facturas
El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus, establece una serie de ayudas a los consumidores afectados por ERE y a pymes y autónomos que se han visto obligados a parar su actividad como consecuencia del estado de alarma que rige desde el 14 de marzo.
Aunque parte de estas medidas serán asumidas por el Estado, otra parte correrá a cargo del sector energético. El objetivo, según fuentes políticas, es que haya una transferencia de rentas de un sector que no está entre los más afectados económicamente por la crisis, por tratarse de un servicio esencial, hacia los más afectados. Sin embargo, en el mercado eléctrico conviven grandes comercializadoras integradas en los grandes grupos empresariales (Endesa, Iberdrola o Naturgy), con centenares de pequeñas (algunas ligadas también a grandes compañías, como Repsol, Cepsa, El Corte Inglés o Telefónica), así como centenares de pequeñas compañías independientes. Entre todas suman más 500, según datos de la CNMC.
