(Revista Electricidad) En el Ejecutivo enfatizan que estas observaciones permitirán mantener los beneficios para las familias, pero también evitar vicios de constitucionalidad de algunos artículos que podrían impedir su viabilidad.
“Corregir para promulgar”. Esa es la idea que se ha repetido en las reuniones Lo que buscaría enfatizar La Moneda es que desde el 27 de marzo, cuando el Gobierno puso en marcha un acuerdo con las empresas de servicios básicos, no se le ha suspendido el suministro a las familias, lo que se amplió por 90 días más, dada la extensión del estado de catástrofe.
Además, afirman que se ha postergado el pago de cuentas sin intereses en agua, electricidad y gas a miles de familias.
Es decir, en paralelo a este beneficio, señalan, se tramitó esta ley con un objetivo similar.
Así las cosas, una de las premisas de la presentación del veto es que la modificación que pretende impulsar el Gobierno no busca eliminar estos beneficios, sino hacer correcciones a la legislación en materias que pueden tener vicios de inconstitucionalidad y así lograr darle viabilidad para que sea promulgada.
